Estados Unidos puso en vigor este viernes 18 de septiembre nuevas reglas para evaluar a determinados migrantes que buscan obtener la residencia permanente o green card, un cambio que también resulta relevante para salvadoreños que atraviesan procesos migratorios legales en ese país.
La modificación corresponde a la denominada causal de inadmisibilidad por “carga pública”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la regulación adoptada en 2022 y devolvió a los funcionarios migratorios un margen más amplio para determinar si una persona podría depender en el futuro de beneficios públicos.
La regla se aplica a solicitudes de admisión realizadas desde este 18 de septiembre y a determinadas solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente a partir de esta misma fecha.
Esto no significa que recibir una ayuda pública produzca automáticamente el rechazo de una green card. USCIS establece que la decisión debe realizarse considerando el conjunto de circunstancias particulares de cada solicitante.
¿Qué cambia para los migrantes que buscan la green card?
Uno de los principales cambios está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos.
Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 se mantiene el tratamiento establecido bajo la regulación de 2022. A partir de esta fecha, USCIS podrá considerar dentro de su análisis los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos que haya recibido el solicitante.
Sin embargo, ese elemento no determina por sí mismo el resultado.
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USCIS señala que sus funcionarios deben hacer una evaluación prospectiva de la “totalidad de las circunstancias”. Entre los factores establecidos por la legislación se encuentran la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y situación financiera, además de educación y habilidades.
La agencia también advierte que ningún factor por sí solo —salvo la falta de una declaración jurada de patrocinio económico suficiente cuando esta sea obligatoria— determina necesariamente que una persona será considerada una carga pública.
El cambio profundiza una revisión de los procesos de inmigración legal que ya había comenzado a hacerse visible semanas atrás. En agosto, Estados Unidos pausó temporalmente determinadas citas de visas de inmigrante mientras funcionarios consulares recibían capacitación relacionada precisamente con la evaluación de “carga pública”.
¿Por qué importa el cambio para los salvadoreños?
Aunque la nueva regulación no está dirigida específicamente a ciudadanos de El Salvador, los salvadoreños constituyen una comunidad relevante dentro de los procesos de residencia permanente estadounidense.
Los datos oficiales más recientes desglosados por país disponibles en el informe anual de DHS muestran que 26,210 personas nacidas en El Salvador obtuvieron la residencia permanente durante el año fiscal 2023, equivalentes al 2.2 % de los aproximadamente 1.17 millones de nuevos residentes permanentes registrados ese año.
Un año antes, en 2022, fueron 30,880 salvadoreños.
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La cifra permite dimensionar por qué una modificación en los criterios utilizados para otorgar la residencia permanente puede resultar especialmente relevante para familias salvadoreñas con procesos migratorios abiertos.
La regla, sin embargo, no significa que los salvadoreños que ya poseen una green card pierdan automáticamente su residencia, ni debe confundirse con los cambios o decisiones relacionados con otros programas migratorios como el TPS.
Recibir beneficios no equivale automáticamente a perder la solicitud
Este es uno de los puntos más importantes de la nueva política.
El análisis de “carga pública” busca determinar si, considerando el conjunto de circunstancias del solicitante, es probable que esa persona llegue a depender de determinadas ayudas gubernamentales.
Por eso, haber recibido un beneficio sujeto a comprobación de ingresos puede incorporarse ahora a la evaluación, pero debe analizarse junto con los demás factores del expediente.
USCIS también contempla categorías de personas que están exentas de la causal de inadmisibilidad por carga pública o que pueden acceder a excepciones previstas por la legislación.
La situación particular de cada solicitante puede ser diferente, por lo que organizaciones de asistencia migratoria recomiendan no abandonar beneficios públicos necesarios únicamente por temor a la nueva regla sin antes determinar si esta realmente se aplica al caso.
Una regla que también enfrenta cuestionamientos
La administración del presidente Donald Trump sostiene que la regulación de 2022 restringía excesivamente la capacidad de los funcionarios de inmigración para determinar si una persona podía convertirse en carga pública.
Al publicar la nueva regla, DHS argumentó que el cambio recupera una mayor discrecionalidad para evaluar los hechos particulares de cada expediente y responde al principio de autosuficiencia establecido en la política migratoria y de bienestar estadounidense.
La medida también enfrenta impugnaciones judiciales. Estados y gobiernos locales han cuestionado la nueva política, entre otros argumentos, por considerar que puede generar incertidumbre sobre qué beneficios serán tomados en cuenta y provocar que familias inmigrantes eviten programas para los cuales son elegibles.
Mientras esas disputas continúan, la nueva regulación está vigente desde este 18 de septiembre y USCIS ya actualizó sus lineamientos para aplicarla a las solicitudes correspondientes.
