Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, rechazó las afirmaciones de quienes califican al país como una dictadura y aseguró que las instituciones actúan bajo el Estado de derecho. Sus declaraciones se produjeron durante su intervención ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde defendió las actuaciones de la Fiscalía en el marco del régimen de excepción.
El funcionario, cuya cuenta pública es @FiscalGeneralSV, respondió a cuestionamientos sobre las detenciones, el acceso a la defensa y el funcionamiento del sistema judicial. En su exposición sostuvo que las medidas adoptadas contra las pandillas responden a la aplicación de las leyes y a las obligaciones del Estado en materia de seguridad.
Delgado rechaza que El Salvador viva bajo una dictadura
El fiscal afirmó que quienes utilizan ese calificativo no reconocen, desde su perspectiva, las transformaciones del sistema de seguridad y justicia salvadoreño. También defendió la relación entre los distintos órganos del Estado.
Durante su intervención declaró:
“En definitiva no no estamos bajo una dictadura. Estamos bajo un estado de derecho y quizás por primera vez en un estado en donde las instituciones funcionan o están mejorando para funcionar adecuadamente en beneficio de la población salvadoreña”.
Delgado sostuvo que la Asamblea Legislativa aprueba las leyes, la Fiscalía investiga y presenta las acusaciones, y los jueces valoran las pruebas para emitir sus decisiones.
Estas afirmaciones forman parte de la posición del fiscal sobre el funcionamiento de las instituciones y el modelo de seguridad implementado en el país.
¿Qué dijo sobre el debido proceso?
El fiscal aseguró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción han contado con defensores y acceso a las acusaciones, y que las resoluciones judiciales responden a la valoración de las pruebas presentadas ante los tribunales.
Delgado defendió su interpretación del sistema judicial con las siguientes palabras:
“En definitiva no no estamos bajo una dictadura. Estamos bajo un estado de derecho y quizás por primera vez en un estado en donde las instituciones funcionan o están mejorando para funcionar adecuadamente en beneficio de la población salvadoreña”.
El funcionario también afirmó que algunos procesados han recibido medidas cautelares y señaló que, entre los juicios realizados contra presuntos integrantes de pandillas, se habrían producido aproximadamente 25 absoluciones. Presentó esta última cifra como una estimación.
Las declaraciones se producen en un contexto de cuestionamientos internacionales. En un informe publicado el 7 de octubre de 2026, Human Rights Watch denunció deficiencias en las garantías de defensa durante juicios colectivos contra personas detenidas bajo el régimen de excepción.
La organización recogió testimonios de abogados que señalaron dificultades para acceder a expedientes, comunicarse con sus clientes e impugnar pruebas. Estas denuncias contrastan con la defensa que Delgado hizo de los procedimientos judiciales.
El fiscal defiende la continuidad del combate a las pandillas
Delgado también sostuvo que todavía existen remanentes de estructuras criminales en distintas zonas del territorio salvadoreño y que las autoridades buscan impedir su reorganización.
En su intervención defendió la utilización de herramientas constitucionales para enfrentar a estos grupos y vinculó la continuidad de las medidas de seguridad con las decisiones de política criminal del Estado.
El fiscal señaló que el objetivo es evitar que las estructuras criminales vuelvan a expandirse y afecten especialmente a la población joven.
“Nosotros tratamos con extrema dureza lo que son enemigos del Estado, entiéndase, pandillas, entiéndase pandillas. Y tratamos como ciudadanos que entraron en conflicto con la ley a todas aquellas personas que transgreden la norma penal”.
Publimetro El Salvador ha documentado anteriormente declaraciones de Delgado sobre los resultados de la estrategia de seguridad y la persecución penal de las pandillas.
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Las declaraciones del fiscal se suman al debate sobre seguridad, derechos fundamentales e independencia judicial en El Salvador. La posición expuesta por Delgado es que el funcionamiento de los órganos estatales y los resultados de la persecución penal respaldan su defensa del Estado de derecho.
