Un Proyecto de Ley presentado ante el Congreso de la República ha desatado una fuerte controversia en Perú. La iniciativa, impulsada por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso (APP), busca permitir que los contribuyentes que son víctimas de extorsión puedan deducir el dinero pagado a los criminales de su Impuesto a la Renta.
La propuesta modifica el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con el fin de considerar los pagos por extorsión como “pérdidas extraordinarias”.
Diputado protege a víctimas o premia al crimen
El congresista Cordero Jon Tay argumentó que la ley tiene como finalidad proteger la vida, seguridad e integridad de las personas, permitiendo a las víctimas acreditar sus pérdidas a través de una declaración jurada con firma legalizada. Según el texto, la medida busca reflejar con mayor fidelidad la capacidad contributiva de los afectados, evitando que paguen impuestos sobre ganancias que no existen debido a la extorsión.
La polémica central radica en que esta medida, si bien busca aliviar a las víctimas, es vista por críticos como la institucionalización del fracaso del Estado frente al crimen. Al permitir la deducción, los especialistas advierten que podría interpretarse como una forma de “normalizar” el pago de los “cupos” a las organizaciones criminales.
Para evitar el fraude, el proyecto contempla un mecanismo de control: la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) estaría facultada para verificar la veracidad de la información y, en caso de falsedad, su Procurador Público podría formalizar una denuncia penal ante el Ministerio Público. El proyecto ya fue enviado a la Comisión de Economía del Congreso para su debate.
