Un bebé de un año compareció ante un tribunal de inmigración en Arizona sin un abogado que lo representara, en un caso que expuso la falta de defensa legal para miles de menores migrantes en Estados Unidos.
La audiencia, reportada en septiembre por KJZZ, involucró al niño y a su madre de 17 años, quien también se encontraba sin representación. Según el reporte, ambos recibieron una prórroga para presentar una solicitud de asilo o de lo contrario enfrentar la deportación.
Bebés migrantes: No fue un juicio penal, sino un proceso migratorio
Aunque la escena provocó indignación, el caso no corresponde a un juicio penal. Se trató de un procedimiento administrativo de inmigración, donde el Gobierno busca la expulsión del país y donde, a diferencia de la justicia penal, no existe un sistema federal de defensa pública garantizada para quienes no pueden pagar abogado.
Ese vacío deja a niños muy pequeños, incluidos bebés, frente a trámites complejos y frente a abogados del Gobierno especializados en inmigración.
Más de la mitad de los niños enfrenta estos casos sin defensa
Datos del Vera Institute of Justice indican que, en los 12 meses previos a septiembre de 2026, más de 770 mil niños enfrentaban procesos de deportación en cortes migratorias de Estados Unidos y más del 56 % no tenía abogado.
El mismo centro señaló que, entre los casos de niños no acompañados concluidos en lo que va de 2026, el 55 % nunca tuvo representación legal en la corte.
Crecen las órdenes de deportación contra menores
El Acacia Center for Justice advirtió que la situación se agravó durante 2026. Su análisis, actualizado hasta agosto, estima que 29,943 casos de niños no acompañados terminaron con órdenes de deportación en los primeros ocho meses del año.
La organización sostiene que la aceleración de audiencias y la reducción de servicios legales ha incrementado el riesgo de que menores enfrenten solos procedimientos que pueden terminar con su expulsión.
El trasfondo: recorte de apoyo legal
KJZZ reportó que el caso del bebé ocurrió después de la terminación, el 31 de julio, de un contrato multimillonario que financiaba representación legal para niños migrantes. Defensores de migrantes sostienen que desde entonces se han multiplicado las audiencias de menores sin defensa efectiva.
