Autoridades salvadoreñas desarticularon una red de carteristas que operaba en buses del transporte público, liderada por dos nicaragüenses y compuesta por guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
El operativo, realizado el 31 de octubre de 2025, resultó en la captura de los presuntos responsables y la incautación de 39 celulares, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, un arma de fuego y un vehículo.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería, los detenidos, que se encontraban en el país de manera irregular, utilizaban hospedajes para evadir controles.
Ricardo Cucalón, director de la institución, explicó que “durante las inspecciones, se detectó que los sujetos portaban múltiples teléfonos celulares sin poder justificar su procedencia, lo que activó las alertas sobre una estructura dedicada al hurto en el transporte público”.
Nicaragüenses dirigía Estructura de carteristas
La banda operaba con roles definidos: dos miembros distraían a las víctimas, otro sustraía los celulares y un cuarto escondía los dispositivos robados. Posteriormente, los teléfonos eran desbloqueados y vendidos en el centro de San Salvador. Los líderes de la red fueron identificados como los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu, quienes coordinaban las acciones delictivas junto a sus colaboradores.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, advirtió que “el Estado no permitirá que bandas organizadas, nacionales o extranjeras, conviertan los buses y espacios públicos en territorios de impunidad”. Delgado destacó que las víctimas eran principalmente trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia, confirmó que los detenidos serán procesados en el país: “No vamos a expulsar a estos criminales, los vamos a someter a nuestro proceso penal. Irán a centros penales a aprender un oficio y a reparar, de alguna manera, el daño causado a la población”.
El operativo fue el resultado de una coordinación entre la Policía Nacional Civil, Migración y la Fiscalía. Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas para prevenir este tipo de delitos.
