La diputada salvadoreña Marcela Villatoro y la generadora de contenido dominicana Abigail Guerra protagonizan un conflicto en redes sociales que trasciende lo personal y plantea interrogantes sobre ética pública y responsabilidades legales. El enfrentamiento, que incluye acusaciones de ridiculización y ataques a la apariencia, ha generado debate sobre los límites de los funcionarios y los extranjeros residentes en el país.
El origen de la polémica se remonta a una publicación de Abigail Guerra en su cuenta de X el 12 de septiembre de 2023, donde compartió una foto acompañada del texto: Man! Otra vez me cayó mal la comida en la calle. He estado mal toda la noche. Voy a tener que pasar consulta. ¿A dónde puedo ir en S.S.? Dos años después, el 3 de noviembre de 2025, Villatoro replicó una imagen similar con el mensaje: Estuvo feya la levantada. Pero amanecimos, lo que sugiere una burla hacia la creadora de contenido.
Abigail respondió con una publicación en Facebook el mismo día, donde comparó dos fotos de Villatoro, una en un evento público y otra en un contexto formal, acompañadas del texto: Falta de amor propio. Es importante enseñarle a las niñas amor propio, para que en el futuro no sientan que necesitan cambiarse el rostro por completo para sentirse suficientes. El mensaje, que acumuló 561 reacciones y 19 compartidos, parece aludir a procedimientos estéticos de la diputada, intensificando el tono del conflicto.
El rol de la diputada salvadoreña y las leyes migratorias
Como diputada, Villatoro está sujeta al Artículo 235 de la Constitución, que exige transparencia y servicio al interés general. Atacar a una persona por su origen o apariencia podría violar estos principios, según expertos en derecho. Mientras, Abigail, como extranjera residente, debe acatar el Artículo 94 de la Ley de Migración, que prohíbe inmiscuirse en política local sin autorización, un límite que su publicación podría haber trasgredido.
El caso refleja la urgencia de que los funcionarios públicos actúen con ejemplo y los residentes extranjeros respeten los marcos legales. La Asamblea Legislativa y las autoridades migratorias enfrentan ahora el desafío de investigar estas acciones para garantizar un debate político basado en el respeto.
La ciudadanía exige claridad: ¿hasta dónde pueden llegar los ataques en redes sin consecuencias? Este episodio, más allá de lo personal, cuestiona la ética en el espacio digital y la necesidad de regulaciones que protejan la dignidad de todos los actores involucrados.
