La crisis política en Guatemala alcanzó un nuevo nivel de confrontación ayer, domingo, luego de que el presidente Arévalo señalara directamente a la fiscal general, María Consuelo Porras, y al juez penal Fredy Orellana como los “enemigos” de la nación e instigadores de un golpe de Estado en su contra.
La declaración de Bernardo Arévalo, emitida durante una cadena nacional de televisión, marca la ofensiva más directa del Ejecutivo contra el aparato judicial y fiscal que ha intentado anular su gobierno desde la victoria electoral de 2023.
El mandatario acusó a Porras y Orellana, ambos incluidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, de formar una “alianza criminal atrincherada” con el objetivo de “hundir a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción y la impunidad”. La denuncia se produce tras meses de una “guerra judicial” que se remonta a la suspensión del partido Movimiento Semilla y la persecución de sus miembros.
Presidente Arévalo y la crisis actual
La crisis actual no es un fenómeno aislado, sino la culminación de un largo proceso de “Captura del Estado” y un backlash (reacción autoritaria) contra los avances democráticos en el país.
Históricamente, Guatemala ha vivido momentos de profundo quiebre institucional:
- El golpe de 1954: Marcó el fin de la breve primavera democrática y sumió al país en un conflicto armado, demostrando que intereses externos podían anular la voluntad popular.
- La crisis de 2015: La revelación del megaescándalo “La Línea” por la CICIG y el MP demostró el grado de penetración criminal en la Presidencia, forzando la renuncia y captura del presidente Otto Pérez Molina. Este despertar ciudadano fue la base de la posterior lucha anticorrupción.
Según el presidente Arévalo, los actores señalados buscan revertir el resultado de 2023 y “perpetuar la impunidad” para narcotraficantes y pandilleros, capturando instituciones para influir en las futuras elecciones de magistrados y evitar cualquier posibilidad de un cambio real en el país.
El futuro incierto: los tres caminos
La cadena nacional del presidente Arévalo ha puesto la pelota en la cancha de tres actores clave, y el futuro inmediato de Guatemala dependerá de sus respuestas:
- Corte Suprema de Justicia (CSJ): Arévalo ha exigido formalmente a la CSJ la destitución inmediata del Juez Orellana por “violación grave al orden constitucional”. Si la CSJ actúa, podría debilitar la capacidad de la alianza Porras-Orellana de seguir emitiendo resoluciones contra el Ejecutivo. Si se niega, el conflicto se intensificará.
- La OEA y la Comunidad Internacional: La solicitud de convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA busca invocar la Carta Democrática Interamericana, aumentando la presión internacional sobre los actores que intentan subvertir el orden democrático. El respaldo internacional será crucial para proteger la estabilidad del gobierno de Semilla.
- La Sociedad Civil: El presidente hizo un llamado a la “unidad nacional” de todos los sectores, incluyendo pueblos indígenas y organizaciones cívicas, para defender la democracia en las calles si es necesario. La movilización social ha demostrado ser el último y más poderoso baluarte contra los intentos de golpe en Guatemala.
La tensión se mantiene en el punto más alto desde la investidura del presidente Arévalo. El país está nuevamente ante una encrucijada institucional donde la voluntad popular expresada en las urnas se enfrenta a una estructura judicial y fiscal que, según el Ejecutivo, actúa como un brazo ejecutor de la corrupción.
