Los pormenores institucionales sobre el combate estratégico al narcotráfico internacional en aguas del Pacífico siguen actualizándose con cifras sin precedentes. Los titulares del Gabinete de Seguridad Ampliado, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron este 8 de julio de 2026 los detalles definitivos de la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.
Durante el desglose oficial de la operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente, se ratificó el decomiso global de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 167 millones de dólares, tras interceptar consecutivamente dos embarcaciones de perfil bajo tipo LPV a más de 1,000 kilómetros al suroeste de la Bocana El Cordoncillo. Las autoridades confirmaron la detención de seis narcotraficantes de origen extranjero: cuatro colombianos y dos ecuatorianos, vinculados a este masivo despliegue marítimo.
Impacto de la incautación
El Ministro de la Defensa, Almirante René Francis Merino Monroy, destacó que este procedimiento conjunto constituye un récord histórico y puntualizó que, durante toda la gestión del Presidente Nayib Bukele, se han incautado 88.7 toneladas de diferentes tipos de estupefacientes, representando una afectación criminal de 2,106 millones de dólares. Asimismo, con esta reciente incautación, El Salvador acumula en lo que va del año 2026 un total de 13.286 toneladas de cocaína decomisadas, con un valor de mercado que supera los 332 millones de dólares.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señaló la evolución del país como “un exportador de seguridad y de la mejor infraestructura legal”, haciendo referencia a las cárceles de máxima seguridad. Adicionalmente, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, argumentó que cada tonelada interceptada debilita de forma drástica a las estructuras delictivas transnacionales al restarles mercancía que posteriormente se traduce en capital financiero.
El cargamento y los detenidos han sido puestos a disposición judicial bajo un esquema de coordinación permanente que busca posicionar al territorio nacional como un referente regional de protección y soberanía frente al crimen organizado.
