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Capturan a sujeto acusado de almacenar material de abuso infantil

Adrián Ernesto Mangandi fue capturado en su vivienda por la PNC tras recibir una alerta sobre almacenamiento de contenido digital ilícito.

Adrián Ernesto Mangandi fue detenido tras un allanamiento en Ahuachapán Norte, donde le incautaron una laptop y un celular conectados a una red ilegal de material de abuso infantil. Foto: FGR_SV.
Adrián Ernesto Mangandi fue detenido tras un allanamiento en Ahuachapán Norte, donde le incautaron una laptop y un celular conectados a una red ilegal de material de abuso infantil. Foto: FGR_SV.
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Por Franco López |

La Fiscalía General de la República (FGR), en un esfuerzo coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC), hizo efectiva la captura de Adrián Ernesto Mangandi dentro de su vivienda ubicada en el municipio de Ahuachapán Norte.

El sujeto está siendo formalmente procesado tras emitirse una alerta transnacional que lo vincula de forma directa con el consumo y la posesión ilícita de material de abuso infantil en plataformas virtuales.

Durante el riguroso allanamiento al inmueble, los peritos forenses incautaron dispositivos tecnológicos clave, entre ellos una computadora portátil y un teléfono celular de alta gama. Aunque este tipo de operativos informáticos suele asociarse a rastreos financieros o transacciones de drogas sintéticas en la internet profunda, el análisis pericial determinó un patrón exclusivo de almacenamiento de material que vulnera la integridad infantil.

Operativos contra estas drogas

La simple tenencia y consumo de este tipo de contenidos multimedia reales o simulados se encuentra expresamente tipificada y sancionada en el artículo 173-A del Código Penal salvadoreño, el cual establece condenas obligatorias de dos a cuatro años de prisión.

No obstante, si las investigaciones técnicas en desarrollo demuestran que el imputado también participaba en la producción, venta o distribución masiva de los archivos, los cargos se modificarían hacia la figura de utilización de menores en pornografía, un delito grave cuyas penas oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel.

Asimismo, los tribunales correspondientes contemplan la aplicación de normativas accesorias amparadas en la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, la cual agrava las sanciones cuando se emplean tecnologías de la información avanzadas para facilitar la impunidad de los delincuentes. Tras el arresto en flagrancia, el implicado ingresará de manera formal al registro nacional de agresores sexuales.

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Franco López

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