Un fallo judicial sin precedentes fue emitido por la Cámara Ambiental de Santa Tecla, que declaró culpables a Roberto d’Aubuisson, exalcalde de Santa Tecla y exdiputado, junto a su familia, por enriquecimiento ilícito. El tribunal ordenó la devolución de $990,396.98 al Estado, tras demostrar que los bienes acumulados no correspondían a sus ingresos declarados durante sus periodos en el servicio público.
El exfuncionario, hijo del fundador del partido ARENA, deberá restituir $450,729.39, mientras que su esposa, Jackeline de d’Aubuisson, pagará $511,247.72. Sus hijos, Johanna y Roberto d’Aubuisson, también fueron sancionados con montos de $12,939.87 y $15,480.00, respectivamente. Este caso marca un hito en la lucha contra la corrupción en El Salvador, al ser uno de los primeros en afectar a una familia política de alto perfil.
Justicia contra la corrupción
El tribunal determinó que las 82 inconsistencias patrimoniales detectadas en las declaraciones juradas de d’Aubuisson y su familia no tenían justificación legal. Además, el exalcalde fue inhabilitado por 10 años para ocupar cualquier cargo público, una medida que busca evitar la reincidencia en actos de corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que este fallo es un avance en la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en casos que involucran a figuras históricas de la política salvadoreña. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron un aumento desproporcionado en el patrimonio familiar, sin sustento en ingresos lícitos.
El proceso judicial, que se extendió por varios meses, incluyó testimonios, peritajes y análisis de documentos que confirmaron el enriquecimiento injustificado. Las autoridades señalaron que este tipo de sentencias refuerza la confianza en las instituciones y envía un mensaje claro: la corrupción no quedará impune.
La Cámara Ambiental de Santa Tecla también subrayó la importancia de este fallo como un precedente legal para futuros casos de corrupción, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
