Starlink, la conocida red de internet satelital vinculada a Elon Musk, representa una revolución para conectar regiones aisladas del planeta. Sin embargo, tecnologías comerciales de este tipo también pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales para coordinar operaciones en selvas y territorios donde las comunicaciones tradicionales son limitadas.
La advertencia forma parte de un pronunciamiento emitido el 20 de octubre de 2026 por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo señala que grupos armados y redes criminales han adaptado sistemas de comunicación, drones y otras herramientas digitales para actividades vinculadas con economías ilícitas, incluida la minería ilegal.
Tecnología moderna: una nueva herramienta para el crimen ambiental
Durante décadas, las organizaciones dedicadas a actividades ilegales en zonas selváticas enfrentaron dificultades para comunicarse, vigilar territorios y transportar suministros.
La expansión de la conectividad satelital y la disponibilidad de dispositivos cada vez más económicos han modificado parte de ese escenario.
Según REDESCA, existen reportes sobre el uso de drones por organizaciones criminales para labores de vigilancia y control territorial.
También se han documentado situaciones en las que sistemas de geolocalización y comunicaciones satelitales forman parte de cadenas logísticas vinculadas con actividades económicas ilícitas.
El pronunciamiento no establece que Starlink o cualquier otro proveedor de internet satelital participe deliberadamente en delitos ambientales. La preocupación se concentra en el posible aprovechamiento de herramientas de uso civil por parte de terceros.
Drones que vigilan territorios y protegen operaciones ilegales
Los drones son una de las herramientas que generan mayor preocupación para los organismos de derechos humanos.
Los dispositivos pueden utilizarse legítimamente para cartografía, agricultura, rescate y protección ambiental.
Sin embargo, en manos de grupos armados también pueden servir para vigilar caminos, detectar movimientos y ejercer control sobre territorios.
REDESCA citó informes que documentan la expansión y sofisticación del uso de drones, incluidos aparatos armados, en escenarios donde operan organizaciones criminales.
Esas prácticas pueden aumentar los riesgos para comunidades indígenas, poblaciones rurales y defensores del medioambiente.
Redes sociales para vender materiales utilizados en minería ilegal
La preocupación no se limita a los drones o a las comunicaciones.
El organismo interamericano también recibió información sobre el uso de plataformas digitales para comercializar insumos destinados a actividades mineras ilegales, entre ellos mercurio.
Este metal es utilizado en determinados procesos de extracción de oro y puede provocar graves daños ambientales y sanitarios cuando contamina ríos, suelos y cadenas alimentarias.
Las plataformas digitales facilitan la comunicación entre compradores y vendedores, aunque su uso para comercializar materiales legales no implica automáticamente una actividad delictiva. El problema surge cuando las herramientas digitales se incorporan a redes de suministro destinadas a operaciones ilegales.
La CIDH advierte sobre riesgos para comunidades indígenas
En su comunicado oficial del 20 de octubre de 2026, REDESCA explicó que la utilización y adaptación de nuevas tecnologías puede cambiar las condiciones de control territorial y de acceso a derechos fundamentales.
Entre los riesgos identificados están las restricciones a la movilidad, el desplazamiento de comunidades, las dificultades para acceder a agua y alimentos y los efectos sobre territorios utilizados tradicionalmente por pueblos indígenas.
El organismo pidió que los Estados adopten mecanismos de prevención y supervisión proporcionales a esos riesgos.
La misma tecnología también puede salvar bosques
El pronunciamiento reconoce que estas herramientas no son perjudiciales por naturaleza.
Las imágenes satelitales permiten identificar zonas deforestadas, los drones ayudan a documentar actividades ilegales y los sistemas de geolocalización facilitan el seguimiento de cambios ambientales.
La inteligencia artificial también puede analizar fotografías aéreas para detectar modificaciones del paisaje difíciles de identificar mediante observación manual.
Estas tecnologías ofrecen oportunidades para comunidades indígenas, científicos y organizaciones dedicadas a la conservación.
