El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, pudo haber recuperado su libertad antes de cumplir cinco de los diez años de prisión a los que fue condenado por corrupción, según un supuesto plan que la Fiscalía General de la República (FGR) asegura haber identificado y desarticulado. La institución atribuyó esa iniciativa al exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.
La revelación fue realizada este miércoles 28 de octubre de 2026, mediante un comunicado de la FGR, en medio de las informaciones sobre el cumplimiento de la condena del exmandatario y la emisión de una orden judicial de libertad vigente desde el martes 27 de octubre.
El supuesto plan para liberar a Saca antes de tiempo
La Fiscalía General de la República aseguró que durante revisiones internas efectuadas por su actual administración se identificaron mecanismos legales que habrían permitido adelantar considerablemente la salida de prisión del exmandatario.
De acuerdo con el comunicado, el supuesto plan contemplaba que Saca recuperara su libertad incluso antes de cumplir la mitad de la condena de diez años, una posibilidad que la institución atribuye a la gestión de Douglas Meléndez.
Sobre las acciones adoptadas para impedirlo, la Fiscalía afirmó:
Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara.
La institución no detalló cuándo se habría elaborado el supuesto plan, qué mecanismos legales específicos contemplaba ni cuáles fueron las medidas utilizadas para impedir su ejecución. Tampoco informó sobre la apertura de un nuevo proceso penal contra Meléndez por estos señalamientos.
La FGR recordó que el proceso judicial que culminó con la condena de Saca fue estructurado durante la administración del exfiscal Douglas Meléndez, bajo cuya gestión también se acordó la pena impuesta al expresidente.
¿Saca ya salió de prisión?
El pronunciamiento de la Fiscalía coincide con el cumplimiento de la condena de prisión de Antonio Saca. Fuentes judiciales confirmaron la emisión de una orden de libertad con vigencia desde el 27 de octubre de 2026.
Sin embargo, existe una diferencia entre la emisión de esa orden y su ejecución. Aunque la Fiscalía se refiere en su comunicado a la «salida del expresidente», no especifica la fecha ni la hora en que habría abandonado físicamente el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
La orden de libertad corresponde al cumplimiento de su condena de diez años y no al supuesto plan de liberación anticipada denunciado por la FGR.
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Los bienes del expresidente seguirán bajo custodia del Estado
La Fiscalía también aclaró que el cumplimiento de la pena de prisión no significa que el expresidente recuperará las propiedades y empresas vinculadas a sus procesos judiciales.
En ese sentido, la institución señaló:
La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables.
En marzo de 2026, un juzgado especializado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados al exmandatario pasaran al Estado. Los activos fueron valorados en aproximadamente 9.6 millones de dólares.
La medida forma parte de las actuaciones judiciales relacionadas con el patrimonio del expresidente, quien también enfrenta obligaciones económicas derivadas de diferentes condenas civiles.
Diez años desde la captura de Antonio Saca
El expresidente fue detenido el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos. Casi dos años después, el 13 de septiembre de 2018, recibió una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero y activos.
La sentencia estuvo relacionada con el caso conocido como «Destape a la Corrupción», que involucró el desvío y lavado de aproximadamente 301 millones de dólares de fondos públicos durante su administración presidencial, entre 2004 y 2009.
Saca aceptó los hechos atribuidos durante un procedimiento abreviado y recibió una pena de cinco años por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos.
La justicia también estableció una responsabilidad civil de aproximadamente 260.7 millones de dólares para el exmandatario por el daño ocasionado al Estado.
Con el cumplimiento de la condena de cárcel, la atención se concentra ahora en sus obligaciones económicas pendientes y en la documentación que pueda presentar la Fiscalía sobre el supuesto plan de liberación anticipada atribuido a Douglas Meléndez.
