La Asamblea Legislativa eliminó este jueves la estructura que durante años administró el programa de protección de víctimas y testigos en El Salvador.
Con 57 votos a favor y tres en contra, los diputados aprobaron la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la liquidación de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE).
El programa de protección no desaparece. Sus funciones serán trasladadas al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. (
¿Por qué cambia la protección de testigos?
La UTE fue creada en 1996 como parte de una estructura destinada a coordinar instituciones del sector justicia. Posteriormente asumió la administración del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
El Gobierno sostiene que esa estructura dejó de responder a la realidad actual del país.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue especialmente crítico durante su comparecencia ante los diputados.
“No tengo evidencia de que hayan funcionado”, afirmó al referirse a los programas de protección.
Según Villatoro, el antiguo modelo exponía a víctimas y testigos al obligarlos a participar directamente en procesos contra estructuras criminales.
“Ya no necesitamos más que la víctima ande compareciendo y llevándola de un lado para otro”, dijo.
El funcionario sostuvo que ahora la lógica es diferente: cuando una persona colabora contra una organización criminal, “es el Estado el que se enfrenta a la organización criminal”.
El programa no desaparece
Villatoro aseguró que el traslado al Ministerio de Seguridad busca construir un “programa que verdaderamente funcione” y actualizarlo “a la luz de ese nuevo El Salvador”. (El Mundo)
La nueva normativa ordena que el Ministerio asuma las competencias relacionadas con la protección de víctimas y testigos, mientras la UTE entra en proceso de liquidación.
Ese cierre deberá estar terminado a más tardar el 31 de diciembre de 2026. (Asamblea Legislativa)
Los tres diputados de oposición votaron contra la disolución. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se había localizado una intervención pública de esos legisladores explicando específicamente las razones de su voto sobre este decreto.
El cambio deja ahora una pregunta práctica: cómo funcionará el nuevo sistema para una persona que necesite protección después de colaborar con la justicia.
