Los operativos de ordenamiento impulsados para liberar las aceras y calles del Centro Histórico de San Salvador enfrentan una nueva resistencia por parte de un sector del comercio informal. Un vendedor declaró recientemente que solo abandonará su puesto si las autoridades le entregan una suma de $5,000, alegando que dicho monto corresponde a una supuesta “indemnización” por desocupar el espacio público.
Esta exigencia económica ha surgido en medio de críticas políticas contra el partido oficial y señalamientos de resistencia violenta a las disposiciones municipales. Por su parte, representantes del comercio organizado y autoridades locales han reiterado que existen espacios disponibles en los mercados municipales para la reubicación de los vendedores, subrayando que la ocupación actual afecta gravemente la movilidad peatonal y la imagen urbana.
Prioridad al ordenamiento vial
Las instituciones competentes han sido enfáticas al declarar que no existe ninguna base legal que ampare el pago de indemnizaciones por la ocupación irregular de la vía pública. Por lo tanto, el proceso de ordenamiento continuará conforme a la ley, sin ceder a presiones económicas.
La negativa de este grupo reducido de vendedores a trasladarse a los mercados establecidos se suma a reportes de incumplimiento de normativas municipales y respuestas hostiles durante los procedimientos oficiales. A pesar de la resistencia, el plan de ordenamiento busca garantizar el derecho al libre tránsito de la población salvadoreña que circula diariamente por el corazón de la capital.
Las autoridades competentes subrayan que la prioridad absoluta es la seguridad y el rescate del espacio público. Se espera que los procesos de recuperación del Centro Histórico sigan avanzando para devolverle a la ciudadanía un entorno ordenado y seguro, sin que la falta de base legal para las exigencias económicas de terceros detenga el cumplimiento de la normativa vigente.
