El debate sobre la seguridad en Colombia ha dado un giro hacia el modelo Bukele. El presidente Abelardo De la Espriella ha presentado una propuesta de seguridad que busca emular la estrategia de “mano dura” implementada por el Presidente Nayib Bukele en El Salvador, enfocándose en la construcción de infraestructura penitenciaria masiva y la recuperación total del control estatal en las cárceles.
El diagnóstico: Cárceles como “universidades del crimen”
De la Espriella fue enfático en su diagnóstico sobre el sistema penitenciario colombiano, al que calificó como inoperante:
“Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas”.
Bajo esta premisa, la propuesta central es la edificación de megacárceles de máxima seguridad, financiadas mediante alianzas con la empresa privada. Según el planteamiento, estas instalaciones no buscarían la rehabilitación, sino el aislamiento total de los criminales más peligrosos, bajo una retórica de castigo ejemplar:
“Esas cárceles se van a construir para que aquellos que tanto daño le han hecho a la República paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”.
Similitudes y diferencias con el modelo Bukele
La propuesta de De la Espriella guarda paralelismos evidentes con el modelo Bukele, especialmente con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT):
- Aislamiento masivo: El enfoque busca remover a los criminales de la vida pública y evitar que operen desde el interior de los penales.
- Control jerárquico: El compromiso de exigir resultados inmediatos al INPEC, bajo la premisa de que “funcionario que no da resultado, sale del gobierno”.
No obstante, existe un elemento diferenciador: la propuesta colombiana plantea integrar a la empresa privada en el financiamiento y construcción de la infraestructura, una variante respecto al modelo Bukele, donde la obra ha sido ejecutada íntegramente por el Gobierno.
Reacciones
La iniciativa ha generado una fuerte polarización en el espectro político. Mientras algunos sectores de la población, cansados de los niveles de extorsión, ven con buenos ojos una medida radical, otros analistas advierten sobre los desafíos legales y de derechos humanos que implicaría una réplica de este tipo en el ordenamiento jurídico colombiano.
Por ahora, la propuesta de De la Espriella se posiciona como una de las agendas de seguridad más comentadas en el país sudamericano.
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