En una noche que pasó de diversión a pesadilla, autoridades de San Pedro Garza García, Nuevo León, irrumpieron en una fiesta clandestina que dejó a cientos atónitos: más de 350 menores de edad retenidos en una casa sin poder salir, con alcohol fluyendo y sospechas de drogas en el aire. El operativo, desatado por un padre desesperado, reveló un escenario de caos que cuestiona la supervisión juvenil en la zona.
El incidente ocurrió la madrugada del 30 de noviembre en la colonia San Patricio, un fraccionamiento exclusivo. La alerta inicial llegó por ruido excesivo, pero escaló cuando padres reportaron a sus hijos incomunicados. Al ingresar, policías hallaron a los jóvenes, muchos en evidente estado de ebriedad, en una propiedad aparentemente abandonada pero rentada para estos eventos ocultos.
El estupor de la fiesta clandestina: un laberinto de riesgos
José Luis Kuri, secretario de Seguridad de San Pedro, detalló en conferencia que la casa se promocionaba vía WhatsApp como un espacio “libre” para menores, prometiendo bebidas y fiesta sin límites.
“La vivienda parecía abandonada y era rentada específicamente para fiestas clandestinas”, afirmó subrayando el uso de radios y cascos balísticos por los organizadores, lo que añade un matiz de control casi paramilitar al desconcierto.
Entre los decomisos, un arma de fuego calibre 9 mm, varias dosis de presuntas drogas, abundante alcohol y más de 100 mil pesos en efectivo generaron estupor entre investigadores. Los 11 detenidos, todos adultos, enfrentan cargos por corrupción de menores y posibles delitos contra la salud, según la Fiscalía local. Ningún joven resultó herido grave, pero el impacto psicológico de sentirse atrapados deja lecciones amargas.
Fiesta clandestina desmantelada: ¿qué sigue para la juventud?
El rescate implicó coordinar con padres angustiados que llegaron en masa al sitio, un cuadro de lágrimas y reclamos que ilustra el pánico de una noche que salió de control. Expertos en seguridad juvenil destacan que estas fiestas clandestinas, organizadas en redes, representan un riesgo creciente, con potencial para tragedias mayores si no se frena la promoción anónima.
Autoridades municipales anunciaron operativos reforzados contra propiedades usadas para estos fines, priorizando la denuncia ciudadana. El caso, que ha sacudido a San Pedro, invita a reflexionar sobre la brecha entre la aparente seguridad de barrios exclusivos y las sombras donde los jóvenes buscan escape, dejando a la comunidad en un estado de incredulidad colectiva.
