El debate sobre si México ha cruzado la línea para ser considerado un narcoestado ha sido respondido de manera unilateral desde Washington con una acción de profunda trascendencia geopolítica: la designación formal de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Esta designación, que se consumó el 20 de febrero pasado al publicarse en el Registro Federal de EE. UU., tras la Orden Ejecutiva 14157 firmada por el Presidente Trump, refuerza la perspectiva estadounidense sobre la infiltración narco-estatal.
El Presidente Trump declaró: “Este es un orden ejecutivo que designa a los carteles y otras organizaciones para ser terroristas extranjeros. […] México probablemente no quiere eso. Pero tenemos que hacerlo. Están matando a nuestra gente.”
Las distintas posturas llevan a considerar que el país opera como un “proto-narcoestado”, una entidad con instituciones erosionadas que ahora enfrenta una presión legal externa sin precedentes, profundizando el diagnóstico sin que la acción de EE. UU. constituya la definición final global.
La acción fue formalizada por el Secretario de Estado Marco Rubio el 6 de febrero de este año, al determinar que varias entidades criminales cumplían con los criterios legales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta decisión se justifica en la propia Orden Ejecutiva 14157, que afirma: “En ciertas porciones de México, funcionan como entidades cuasi-gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad.”
Este hecho, que convierte en delito federal el proporcionar apoyo material a los cárteles, ha modificado radicalmente las reglas del juego.
El Global Organized Crime Index (GOCI) 2025 ya ubicaba a México como el tercer mercado criminal mundial (8.27/10), un dato que ahora se lee bajo el nuevo y severo marco del contraterrorismo de EE. UU., aunque otros organismos internacionales como la UNODC aún mantienen cautela en el uso del término.
Sin embargo, la relación bilateral no se ha quebrado. Pese a la designación y a la violencia política evidente, el Secretario de Estado Marco Rubio también ha señalado que la respuesta de México ha sido positiva.
En sus comentarios ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Rubio afirmó que el gobierno mexicano ha sido “muy receptivo a nuestras preocupaciones de seguridad” y ha “aumentado su cooperación en seguridad con nosotros.”
Este punto subraya que, si bien Washington ha elevado la amenaza legalmente, los canales de trabajo conjunto para combatir a los cárteles y el flujo de armas hacia el sur permanecen activos.
México: soberanía y responsabilidad compartida
La respuesta de México fue inmediata y categórica.
En un comunicado publicado el 1 de febrero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó enérgicamente la acción: “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.”
La mandataria revirtió el foco, señalando que la verdadera alianza criminal radica “en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos”. Sheinbaum defendió la acción mexicana citando la incautación de “más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo” y la detención de más de diez mil vinculados.
Finalizó exigiendo colaboración bajo los principios de “responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no.”
Las evidencias que sustentan el diagnóstico de narcoestado se hacen ineludibles con la designación.
“México no es un Estado fallido en el sentido clásico, pero sí muestra rasgos críticos de un proto-narcoestado. La puntuación de 8.27/10 en criminalidad organizada contrasta dramáticamente con una resiliencia institucional de solo 4.50/10, evidenciando una colusión profunda y generalizada”, según el GOCI 2025.
Corrupción interna da pie al carcoestado y otras presiones
El ICG 2025 refuerza que la infiltración es crítica: “Existe una simbiosis preocupante, especialmente en los gobiernos locales. La infiltración de actores incrustados calificada en 7.50/10 demuestra que el crimen organizado no solo coexiste, sino que co-gobierna en vastas áreas del territorio mexicano, especialmente en municipios clave.”
El impacto de la designación FTO es profundo: redefine la crisis, que cuesta a México aproximadamente el 18% de su PIB ($235 mil millones anuales), como una amenaza de terrorismo desde la óptica de Washington que permite a EE. UU. aplicar sanciones financieras de manera unilateral.
La retaliación (respuesta estratégica de un Estado a otro) de Washington ante las 48,000 muertes por fentanilo en 2024 se ha concretado en una medida que podría tensar fatalmente la cooperación bilateral.
“La acción de designar a los cárteles como FTO no es una declaración simbólica; es una retaliación estratégica que permite a Estados Unidos aplicar todo el peso de la ley de contraterrorismo, desde la congelación de activos hasta la restricción de movimientos de sus miembros”, según el Departamento de Estado.
México, por lo tanto, no solo enfrenta la corrupción interna que lo define como proto-narcoestado, sino la nueva presión externa que lo fuerza a actuar bajo un marco legal internacional mucho más estricto.
Expertos del CFR y Brookings urgen a México a fortalecer la autonomía judicial y regular las drogas para quebrar el ciclo económico de los cárteles antes de que la designación FTO conduzca a una intervención más agresiva.
La reversión de esta crisis requiere una voluntad política inquebrantable para desmantelar esta simbiosis y restaurar la soberanía estatal frente a las nuevas implicaciones del derecho internacional.
