En un paso decisivo para combatir la inseguridad, el Congreso de Guatemala aprobó hoy con 145 votos a favor el Decreto 11-2025, una ley que declara a las pandillas MS-13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas y endurece las medidas contra sus actividades de extorsión y crimen organizado.
La normativa, impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, responde a la creciente ola de violencia que ha dejado más de 3,000 homicidios en 2025 y pérdidas económicas estimadas en Q1,200 millones anuales debido a extorsiones, según datos del Consejo Nacional de Cámaras de Comercio, Industria y Finanzas (CACIF).
Guatemala da responde a la crisis de seguridad
Las pandillas MS-13 y Barrio 18, responsables de aproximadamente el 80% de la actividad pandillera en el país según el Ministerio de Gobernación, han sembrado temor en comunidades urbanas y rurales. Sus operaciones incluyen extorsiones que afectan al 70% de los comercios en zonas urbanas, homicidios, narcotráfico y reclutamiento forzado de menores. La nueva ley busca desmantelar estas estructuras criminales mediante medidas contundentes, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en Guatemala.
El proyecto, presentado el 8 de octubre como iniciativa 5692, fue debatido intensamente en el Congreso durante dos semanas. Tras superar la tercera lectura el 14 de octubre y una revisión final hoy, la normativa recibió un respaldo casi unánime en la 41ª Sesión Ordinaria. “Esta ley da herramientas a nuestras fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia organizada”, celebró el presidente Arévalo en un post en X a las 01:05 GMT del 22 de octubre. “No nos detenemos por una Guatemala más segura.”
Principales medidas de la ley
La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas introduce reformas significativas al Código Penal y al sistema penitenciario. Entre sus disposiciones clave están:
- Clasificación como terrorismo: Declara a MS-13, Barrio 18 y otras pandillas como organizaciones terroristas, permitiendo penas más severas y mayor coordinación con agencias internacionales.
- Penas agravadas:
- Extorsión: De 4-8 años a 8-15 años de prisión.
- Reclutamiento de menores: 10-20 años.
- Asociación ilícita en pandillas: Hasta 20 años, con agravantes por reincidencia.
- Cárcel de máxima seguridad: Autoriza la construcción de una prisión exclusiva para pandilleros, con vigilancia total, sin visitas ni comunicaciones, financiada inicialmente con fondos existentes.
- Fortalecimiento institucional: Asigna hasta Q200 millones al Ministerio de Gobernación para equipo de seguridad y amplía convenios internacionales para combatir el crimen organizado.
- Reformas al Código Penal: Amplía la definición de usura y delincuencia organizada, prohibiendo privilegios penitenciarios para pandilleros.
Reacciones y expectativas
La aprobación ha generado un amplio respaldo, pero también interrogantes sobre su implementación. El diputado Boris España (Chiquimula) destacó que la ley responde a “la demanda del pueblo por seguridad”. Medios como Prensa Libre y Prensa Latina subrayan su potencial, pero advierten que su éxito dependerá de combatir la corrupción en el sistema penitenciario, donde pandillas han operado históricamente. Prensa Comunitaria, por su parte, cuestionó si la normativa será suficiente sin abordar problemas estructurales como la colusión entre autoridades y criminales.
Analistas estiman que el impacto económico de las extorsiones, que representan el 2-3% del PIB según estudios independientes, podría reducirse si la ley se implementa efectivamente. Sin embargo, la construcción de la cárcel de máxima seguridad y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) enfrentarán retos logísticos y financieros.
Desafíos para el futuro
La aprobación de la ley es un avance, pero su efectividad dependerá de varios factores:
- Implementación eficiente: Fortalecer la PNC y el Ministerio Público para ejecutar investigaciones y capturas sin filtraciones.
- Control penitenciario: Evitar que las pandillas sigan operando desde las cárceles, un problema recurrente en Guatemala.
- Apoyo internacional: Aprovechar convenios con países como Estados Unidos para compartir inteligencia y recursos.
- Prevención social: Complementar la represión con programas para prevenir el reclutamiento de jóvenes en comunidades vulnerables.
Un paso hacia la seguridad
La aprobación de la Ley contra MS-13 y Barrio 18 marca un momento clave en la lucha de Guatemala contra el crimen organizado. Con medidas que combinan represión, prevención y reformas institucionales, el país busca recuperar la seguridad y la confianza de sus ciudadanos. Sin embargo, el camino hacia una Guatemala libre de extorsiones y violencia requerirá un esfuerzo sostenido y coordinado. La ciudadanía espera que esta ley sea el inicio de un cambio estructural, no solo una promesa legislativa.
