La Corte Suprema de Estados Unidos, con una mayoría conservadora de 6 a 3, desató una bomba legal al levantar una orden que restringía las “patrullas itinerantes” de agentes migratorios en Los Ángeles y el sur de California.
Esta decisión, basada en el artículo de Associated Press, revoca una prohibición emitida en julio por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había detectado violaciones a la Cuarta Enmienda por detenciones arbitrarias basadas en raza, idioma o trabajo.
El fallo, una victoria para la agenda de deportaciones masivas de Donald Trump, permite reanudar operativos que han atrapado incluso a ciudadanos estadounidenses, como Brian Gavidia, detenido el 13 de junio mientras gritaba su nacionalidad.
Redadas humillantes
El juez Brett Kavanaugh justificó la medida con el argumento de la “sospecha razonable”, dando luz verde a agentes para considerar factores como etnicidad, siempre que no sea el único criterio. Sin embargo, la disidencia de Sonia Sotomayor fue feroz: “Innumerables personas han sido humilladas por su apariencia”, denunció, alertando sobre un resurgimiento del perfilamiento racial.
En Los Ángeles, las redadas han encendido protestas y enfrentamientos, con la Guardia Nacional y marines desplegados en un show de fuerza cuestionado por el gobernador Gavin Newsom.
El impacto es brutal: el 28 de agosto, 40 agentes usaron gas lacrimógeno en un Home Depot de Westlake para detener a ocho personas, sembrando terror. Organizaciones como la ACLU advierten que millones, incluidos legales, están en riesgo.
Con un objetivo de 3,000 detenciones diarias según Stephen Miller, Los Ángeles, donde el 10% es indocumentado, se convierte en epicentro de esta guerra migratoria.
El caso sigue abierto en tribunales inferiores, pero el precedente ya enciende debates sobre derechos y abusos. ¿Hasta dónde llegará esta política de mano dura?
