En los últimos días, la circulación de videos en redes sociales que documentan ataques contra salvadoreñas en plena vía pública ha generado un profundo rechazo en la sociedad salvadoreña. Los incidentes, ocurridos en el Área Metropolitana de San Salvador y en San Miguel Centro, han provocado que la ciudadanía solicite una investigación detallada por parte de los organismos de seguridad.
El primer caso documentado ocurrió el lunes 10 de agosto en las cercanías de la sede central de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador Centro. El segundo incidente tuvo lugar el miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 7:40 a. m., en la calle La Paz de la colonia Panamericana, en San Miguel Centro, donde un hombre fue captado golpeando a una mujer en el rostro, provocándole lesiones visibles.

Reacciones a los ataques contra salvadoreñas
Los videos de ambos incidentes se han compartido masivamente en plataformas digitales, donde usuarios han identificado las zonas exactas de los ataques y exigido a las autoridades que se localice a los responsables. En el caso de San Miguel, la indignación fue mayor debido a la crudeza de las imágenes que muestran el momento del impacto.
Hasta el momento, ni la PNC ni la FGR han emitido un parte oficial o comunicado detallando si ya se han iniciado las diligencias de investigación, si existen denuncias formales por parte de las víctimas o si se ha logrado la identificación y captura de los sujetos involucrados en los videos.
Denuncias a ataques contra salvadoreñas
Ante la falta de información oficial sobre la resolución de estos ataques contra salvadoreñas, las autoridades han reiterado los canales generales para que cualquier persona que presencie o sea víctima de actos de violencia pueda interponer una denuncia:
- PNC: Marcando al número de emergencias 911 para situaciones de riesgo inmediato.
- FGR: A través de la línea especializada 126, habilitada para recibir denuncias sobre delitos contra la integridad física.
La ciudadanía continúa utilizando las redes sociales como una vía de presión para que los hechos de violencia no permanezcan impunes. La falta de un pronunciamiento oficial sobre el estado de estas investigaciones mantiene a la opinión pública a la expectativa de nuevas acciones por parte del sistema de justicia.