La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional trascendental para los salvadoreños en el exterior. Esta modificación al artículo 79 de la Carta Magna establece la creación de una nueva circunscripción electoral dedicada exclusivamente a la diáspora salvadoreña. El objetivo principal es fortalecer la vinculación entre el Estado y la comunidad salvadoreña que reside fuera de las fronteras nacionales.
La iniciativa responde al crecimiento exponencial de la participación ciudadana desde el extranjero, que en 2024 registró 331,756 votantes. Previamente, la cifra de participación era apenas de 3,808 salvadoreños en procesos electorales anteriores. Esta nueva normativa busca garantizar que los derechos políticos de quienes viven fuera se ejerzan de manera efectiva y directa.
Justicia para la diáspora salvadoreña
El diputado Cristian Guevara destacó que esta reforma permite a los salvadoreños en el exterior elegir a sus propios representantes sin intermediarios.
“Lo que estamos discutiendo es la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la número 15, para que representen a los salvadoreños que viven en el exterior”, afirmó el legislador durante la sesión plenaria. Con esta medida, se busca saldar una deuda histórica con una comunidad que fue tratada como ciudadanos de segunda categoría.
La base del sistema electoral en el extranjero será el registro electoral, a diferencia del territorio nacional donde se basa en la población. Actualmente, existen más de 960,000 ciudadanos de la diáspora con Documento Único de Identidad (DUI) vigente y domicilio en el exterior. Para facilitar este proceso, el Registro Nacional de las Personas Naturales cuenta con 24 centros de servicios en el extranjero.
La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, señaló que la institución seguirá impulsando la modernización tecnológica necesaria. Esto permitirá que las reformas se ejecuten en estricto apego a la ley y dentro de los plazos para las elecciones de 2027. La reforma se considera un mecanismo legítimo para adecuar la realidad jurídica a la transformación política del país.
Finalmente, la comisión política concluyó que la ratificación de este acuerdo es una medida necesaria para proteger los derechos fundamentales de toda la población. El decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación oficial en el diario correspondiente. Este cambio constitucional marca un precedente en la inclusión política de los salvadoreños, sin importar su lugar de residencia.
