Después de un largo periodo de especulaciones sobre su paradero, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha confirmado mediante una declaración pública que se encuentra residiendo en México bajo la figura de asilado político. Esta revelación pone fin a diversas teorías que circulaban sobre su ubicación tras enfrentar procesos judiciales.
Reyes, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de El Salvador por presuntos delitos de corrupción, incluyendo enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sostiene que su salida de territorio salvadoreño responde a una persecución política. En su comunicado, el exfuncionario argumenta que las acusaciones en su contra carecen de fundamento jurídico y forman parte de una estrategia para inhabilitarlo políticamente.
El gobierno de México, fiel a su tradición de otorgar asilo, ha mantenido una postura de discreción respecto a los casos individuales, aunque ha confirmado que los solicitantes que cumplen con los requisitos legales internacionales pueden permanecer en el país bajo protección. Este escenario añade una capa de complejidad diplomática entre ambos países, mientras los procesos judiciales en El Salvador continúan su curso administrativo en ausencia del imputado. La comunidad internacional observa de cerca cómo se resolverá este caso, el cual simboliza la tensa relación entre la justicia regional y las figuras políticas que buscan refugio en naciones vecinas.