En un esfuerzo conjunto por combatir el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador ejecutaron un operativo estratégico para desmantelar una estructura criminal de gran alcance. Esta red se especializaba en el contrabando de cigarrillos, operando a escala nacional y afectando la economía formal del país.
Las investigaciones, que se extendieron durante aproximadamente dos años, revelaron un sistema logístico complejo. Los líderes de la organización gestionaban el ingreso del producto ilícito a través de puntos fronterizos no habilitados en las fronteras con Guatemala y Honduras. Una vez en territorio salvadoreño, la mercadería era trasladada hacia San Salvador, funcionando como centro de acopio para su posterior distribución en diversos municipios.
En la zona oriental, la estructura contaba con el apoyo de cinco clicas, encargadas de recibir y colocar el producto en distintos negocios locales. Durante las intervenciones, las autoridades lograron incautar fusiles, pistolas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y varios vehículos, herramientas clave para su operatividad. Con estas capturas, se logra interrumpir una cadena de distribución ilegal que operaba bajo jerarquías bien definidas, fortaleciendo la seguridad en las zonas fronterizas y el comercio legal.
