En un Congreso guatemalteco fragmentado por intereses partidistas, el diputado salvadoreño Christian Guevara, jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, lanzó un mensaje contundente durante una reunión bilateral: “Aquí en Guatemala no deberían perder los partidos políticos ni un minuto en negociar por la seguridad; es la principal preocupación de la gente”. La visita de la delegación salvadoreña, integrada también por el diputado Andrés Miranda, buscó compartir el exitoso modelo de seguridad de El Salvador con sus homólogos guatemaltecos, en un momento en que la criminalidad y la falta de cohesión política asfixian al país.
El Salvador: Un faro de esperanza en seguridad
El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha transformado su realidad en apenas seis años. La tasa de homicidios, que en 2019 alcanzaba 38 por cada 100,000 habitantes, se desplomó a menos de 2 en 2025, según datos oficiales. El Régimen de Excepción, implementado desde marzo de 2022, permitió la captura de más de 80,000 pandilleros, desmantelando estructuras de la MS-13 y Barrio 18. Una inversión de $1,200 millones en 2025 en equipamiento policial, inteligencia y prisiones, junto con programas preventivos para jóvenes, consolidó este cambio. “La seguridad no es negociable; requiere decisión y unidad”, afirmó Guevara ante los legisladores guatemaltecos.
La reunión, celebrada en el Congreso de la República, incluyó a diputados de bancadas como Viva, Vamos y figuras independientes, quienes escucharon con interés cómo El Salvador combinó mano dura con prevención. Guevara destacó la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, así como la agilidad legislativa de Nuevas Ideas para aprobar reformas sin dilaciones. Un ejemplo reciente de cooperación regional, mencionado en la sesión, fue la extradición desde México del pandillero salvadoreño “Taltusa” (Barrio 18) a Guatemala el mismo 9 de octubre, sumando 73 expulsiones en 2025.
Guatemala: Una sociedad atrapada por el crimen
En contraste, Guatemala enfrenta una crisis de inseguridad que toca la vida cotidiana de sus ciudadanos. Las extorsiones afectan al 70% de los pequeños negocios, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, generando pérdidas de $5,000 millones anuales. La tasa de homicidios, aunque reducida desde 2010, se mantiene en 17 por 100,000 habitantes, ocho veces superior a la de El Salvador. Barrios enteros, especialmente en zonas urbanas y fronterizas como Petén e Izabal, viven bajo el control de maras. La violencia de género agrava el panorama: 10,000 denuncias mensuales, muchas sin resolución, reflejan una vulnerabilidad sistémica, especialmente para mujeres y niñas reclutadas para trata.
La desconfianza en las instituciones es palpable. Solo el 40% de los guatemaltecos confía en la Policía Nacional Civil, según encuestas recientes, tras escándalos como el desvío de $100 millones del presupuesto de seguridad en 2024. La fragmentación política agrava el problema: con más de 20 partidos en el Congreso, reformas clave, como una ley antipandillas, llevan 18 meses estancadas. “Admiramos la unidad de El Salvador, pero aquí cada partido jala para su lado”, lamentó el diputado Edin Mejía, de la bancada Viva, durante la reunión.
Llamado de Christian Guevara
La exhortación de Guevara no solo fue un diagnóstico, sino un desafío. “La seguridad es el clamor del pueblo guatemalteco. No hay tiempo para debates interminables”, insistió. Propuso un “pacto nacional” inspirado en El Salvador, donde el Ejecutivo y el Legislativo alinearon esfuerzos para priorizar la seguridad. También ofreció apoyo técnico de Nuevas Ideas para redactar leyes que fortalezcan penas contra pandilleros, agilicen extradiciones y refuercen la inteligencia policial. Los legisladores guatemaltecos acordaron reuniones de seguimiento en noviembre, posiblemente en San Salvador, y un intercambio de datos sobre pandillas transfronterizas.
Sin embargo, el modelo salvadoreño no está exento de críticas. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el 10% de las detenciones bajo el Régimen de Excepción podrían ser arbitrarias. Guevara respondió: “La seguridad de la mayoría justifica medidas firmes, siempre que se corrijan errores”. En Guatemala, donde la corrupción y la burocracia debilitan la justicia, replicar este modelo requeriría no solo voluntad política, sino también recursos que el país, con un presupuesto de seguridad limitado, podría no tener.
Un Futuro de cooperación regional
La reunión marca un paso hacia la integración centroamericana frente a desafíos comunes. Las pandillas no respetan fronteras, y casos como el de “Taltusa” demuestran la urgencia de protocolos conjuntos. El éxito salvadoreño, que ha impulsado el turismo (+150% desde 2022) y atraído inversión, es un argumento poderoso para Guatemala, donde la inseguridad frena el desarrollo. Sin embargo, el camino no será fácil: superar la fragmentación política y garantizar que las reformas respeten los derechos humanos será crucial.