La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión crucial sobre el alcance de las órdenes judiciales universales en el caso Trump v. CASA, Inc., relacionado con la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento. La Corte determinó que los tribunales federales no tienen la autoridad para emitir órdenes judiciales universales, que prohíben la aplicación de una ley o política a cualquier persona en el país.
Antecedentes del caso
El presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva No. 14160, que identifica circunstancias en las que una persona nacida en los Estados Unidos no está “sujeta a la jurisdicción” del país y, por lo tanto, no es reconocida como ciudadana estadounidense. Varias organizaciones, individuos y estados presentaron demandas para detener la implementación de esta orden, alegando que viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y la Sección 201 de la Ley de Nacionalidad de 1940.
Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema decidió que las órdenes judiciales universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. La Corte otorgó las solicitudes del gobierno para una suspensión parcial de las órdenes judiciales emitidas por los tribunales inferiores, pero solo en la medida en que las órdenes sean más amplias de lo necesario para proporcionar un alivio completo a cada demandante con legitimación para demandar.
La jueza Amy Coney Barrett, quien escribió la opinión de la Corte, argumentó que las órdenes judiciales universales no tienen un precedente histórico en los tribunales de equidad en Inglaterra al momento de la fundación de los Estados Unidos. La Corte enfatizó que la autoridad equitativa de los tribunales federales se limita a los remedios tradicionalmente otorgados por los tribunales de equidad en ese momento.
Opiniones concurrentes y disidentes
El juez Clarence Thomas, en una opinión concurrente, enfatizó que los tribunales deben asegurarse de que los remedios sean específicos para las partes y no excedan lo necesario para proporcionar un alivio completo a los demandantes. El juez Samuel Alito, en otra opinión concurrente, destacó la importancia de aplicar rigurosamente los requisitos para la legitimación de terceros y la certificación de clases.
La jueza Sonia Sotomayor, en una opinión disidente, argumentó que la decisión de la Corte ignora la gravedad de la Orden Ejecutiva del presidente Trump y su probable inconstitucionalidad. Sotomayor criticó a la Corte por no abordar la cuestión de si la Orden Ejecutiva viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Nacionalidad.
Impacto de la decisión
La decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones significativas para el poder judicial y el ejecutivo. Al limitar el alcance de las órdenes judiciales universales, la Corte busca evitar que los tribunales federales excedan su autoridad y se inmiscuyan en las políticas del poder ejecutivo. Sin embargo, la decisión también plantea preguntas sobre cómo los tribunales deben manejar casos en los que se busca un alivio completo para los demandantes sin exceder su autoridad equitativa.
