El extenso conflicto legal entre las autoridades financieras españolas y la célebre intérprete colombiana Shakira ha sumado un nuevo episodio de alta tensión en las cortes judiciales. La Agencia Tributaria decidió apelar ante el Tribunal Supremo la resolución emitida en abril que anuló de forma definitiva una deuda fiscal de 55 millones de euros atribuida a Shakira. El diferendo radica en el ejercicio fiscal del año 2011, periodo en el que las autoridades intentaron catalogarla como residente en el país europeo.
Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó previamente que la artista permaneció únicamente 163 días en España, cifra menor a los 183 días mínimos fijados por la normativa local para la atribución de residencia. La defensa legal de la cantante ratificó que su domicilio tributario principal se encontraba radicado formalmente en las Islas Bahamas.
La batalla de Shakira
Para sostener su reclamo, el fisco argumenta la validez de sus peritajes, los cuales incluyeron el rastreo de movimientos en tarjetas de crédito, visitas a salones de estética y publicaciones en redes sociales, métodos que los abogados de Shakira calificaron de invasivos. En respuesta a los cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió los procedimientos asegurando que el cumplimiento tributario resulta fundamental para el Estado.
Por su parte, la cantante, quien participó recientemente en la clausura de la Copa Mundial 2026, reafirmó su postura al declarar que ha sido víctima de una dura difamación pública.
La resolución final que emita el Tribunal Supremo no solo definirá el destino financiero de la artista, sino que sentará un criterio jurídico clave sobre los límites en las auditorías a grandes patrimonios en suelo español. Por ahora, el ambiente legal se mantiene en incertidumbre a la espera del dictamen definitivo.
