El pulso entre el crimen organizado y el Estado guatemalteco escaló a un nivel inédito este 12 de noviembre de 2025, cuando un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC). El recurso legal busca la suspensión inmediata y anulación del Decreto 11-2025, o Ley Antipandillas, que declara a las maras como organizaciones terroristas. El insólito movimiento legal ha generado un escándalo en el país centroamericano, dividiendo la opinión pública y poniendo a prueba el nuevo marco legal contra la extorsión y el reclutamiento.
El interponente es Dylan Smaily Archila García, alias “El Sonriente”, de 23 años, un pandillero que cumple una condena de seis años de prisión por extorsión, tras ser capturado en 2022 por amenazas de muerte y cobro de “renta”. Archila García alega que la sesión legislativa del 21 de octubre de 2025, donde el Congreso aprobó la normativa, incurrió en irregularidades de procedimiento, violando el debido proceso constitucional. La ley había entrado en vigencia apenas dos días antes, el 10 de noviembre.
Pandillero busca anular la Ley Antipandillas
La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, conocida popularmente como Ley Antipandillas, fue impulsada por el gobierno de Bernardo Arévalo y cuenta con apoyo internacional, como la designación de estas maras como terroristas por parte de EE. UU. en 2024. La normativa incrementa las penas por extorsión (de 4-8 a 8-12 años) y reclutamiento de menores (hasta 18 años), prohíbe medidas sustitutivas y autoriza el bloqueo de cuentas bancarias de los pandilleros, destinando además Q200 millones para el combate al crimen organizado.
La acción del pandillero, representado por un abogado, apunta directamente contra el pleno del Congreso, exigiendo que la CC revise la ley para determinar si existen violaciones a derechos constitucionales. Diputados como José Chic rechazaron el amparo, calificándolo como un intento de obstruir la lucha contra la inseguridad, mientras que en redes sociales como X, el debate se encendió con comentarios de usuarios que enfatizan la ironía de un condenado por extorsión desafiando la norma. La Ley Antipandillas busca fortalecer al Estado para enfrentar a más de 12,000 miembros de pandillas.
La movilización legal pone a la CC ante un dilema crítico: suspender la ley retrasaría operativos clave contra las maras, que generan miles de víctimas anuales en Guatemala. Sin embargo, su validación reforzará significativamente el arsenal legal del Estado. La resolución de la Corte es urgente, dado que el Ministerio de Gobernación y el MP han manifestado su total respaldo a la nueva legislación.
Analistas advierten que, si bien la Ley Antipandillas fortalece al Estado, su aplicación debe ser vigilada para prevenir posibles abusos, manteniendo el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos. El caso sigue en desarrollo, y la decisión de la CC será crucial para determinar el futuro inmediato de la estrategia de seguridad en Guatemala.
