En las redes sociales de El Salvador, el nombre de Elías Antonio “Tony” Saca ha resurgido como un fantasma incómodo. “¿Tony Saca ya salió libre? ¡Y sin devolver un centavo!”, tuiteó @RayodeLibertad el 1 de octubre, sumándose a una oleada de posts que acumulan miles de vistas y reacciones airadas. Otro usuario, @amadeo1980, lo llamó irónicamente “el preso que nunca estuvo preso”, aludiendo a supuestos privilegios en el penal de Mariona. En TikTok, el hijo de Saca, Gerardo, generó más de 200 mil reproducciones en abril con un video expresando temor por si se respeta la condena de su padre. Los rumores de una salida inminente han encendido debates sobre impunidad, comparando su caso con penas de 20 años por extorsión o 18 por negociar con pandillas.
Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Ha salido ya Tony Saca de prisión, o es solo el eco de una justicia que parece selectiva? Para entenderlo, hay que retroceder al núcleo: los delitos que lo llevaron tras las rejas y el laberinto judicial que aún pende sobre su cabeza. Este artículo desentraña el caso, desde el frenesí digital hasta las sombras de la corrupción en el corazón del poder.
El robo que sacudió a El Salvador: Los delitos de Tony Saca al descubierto
Tony Saca, expresidente por ARENA (2004-2009) y empresario radial de origen palestino, no es un nombre nuevo en los escándalos. Su captura el 30 de octubre de 2016 —durante la boda de su hijo en una hacienda de Antiguo Cuscatlán— marcó un hito: el primer expresidente democrático en ser detenido por corrupción en El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de orquestar un esquema sistemático para desviar fondos públicos, un “destape de corrupción” que reveló grietas en el sistema.
Los cargos principales: peculado (malversación de fondos estatales) y lavado de dinero. Durante su mandato, Saca y un círculo de exfuncionarios —incluyendo a su secretario privado Elmer Charlaix, el ministro de Comunicaciones Julio Rank y el gerente financiero Francisco Rodríguez Arteaga— extrajeron más de US$300 millones de Casa Presidencial. El dinero fluyó a cuentas personales, empresas de Saca (como sus emisoras de radio) y hasta al propio ARENA: unos US$7 millones para campañas y publicidad partidaria.
En un juicio abreviado en septiembre de 2018 —donde Saca confesó para reducir su pena de hasta 30 años a la mínima—, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo condenó a 10 años de prisión (5 por peculado + 5 por lavado). Seis exfuncionarios compartieron culpas: Charlaix también a 10 años, Rank y otros a penas de 3-6 años. Pero el golpe mayor fue la responsabilidad civil: Saca debe devolver US$260.7 millones, más intereses, al Estado.
No paró ahí. En 2019, sumaron 2 años por cohecho (soborno a una empleada judicial por US$10.000 en información confidencial). Casos colaterales incluyen el desvío de US$10 millones donados por Taiwán para víctimas de terremotos (condena civil de 2021: Saca paga US$6 millones). Su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, enfrenta acusaciones por recibir US$270 millones en fondos ilícitos, pero permanece libre —su juicio por lavado fue anulado en 2021 y reprogramado indefinidamente.
Estos no fueron errores aislados, sino un patrón: sobresueldos irregulares, testaferros para propiedades y pagos a proveedores ficticios. Como narró Saca en su confesión de 2018, “al principio no caí en cuenta, pero conforme pasó el tiempo, decidí apropiarme”. El impacto: un país ya pobre perdió recursos para salud, educación y desarrollo, alimentando la desconfianza en la élite política.
Rumores en X y TikTok: ¿Libertad condicional o lavado de imagen?
El “charla de redes” que mencionamos al inicio no es casual. En septiembre de 2025, posts como el de @ElCatrinSv afirmaron: “Saca quedará en libertad esta semana”. Otro, de @pucaalegria, lo pintó como “el único presidente que pagó” —con ironía sobre privilegios en prisión. La indignación crece al compararlo con condenas recientes: 20 años por recibir dinero de extorsión (septiembre 2025) o 28 por negociar con pandillas.
Sin embargo, un video de YouTube del 13 de septiembre desmiente: “Publicaciones falsas sobre su libertad en 2025; el fiscal general se opone por la deuda pendiente”. ¿Por qué el revuelo? Algunos ven en estos rumores un intento de rehabilitar a Saca políticamente —recordemos su intento fallido de primarias en 2013—. Otros, como @Josu3sv, lo llaman “justicia de serpiente: muerde al descalzo”. En un país donde se critica la impunidad pasada (2021), el timing genera sospechas: ¿aliado inesperado o simple nostalgia por ARENA?
Previsiones judiciales: ¿2025 o 2026? El reloj de la impunidad
La cronología judicial de Saca es un enredo de reducciones y denegaciones. Captura: octubre 2016 (prisión preventiva ~2 años). Sentencia principal: septiembre 2018 (10 años efectivos). Cohecho: 2019 (+2 años, absorbidos en preventiva). Revisión 2020: pena total a 10 años, fin en octubre 2026. Media pena (posible condicional): octubre 2021, denegada por FGR —Saca no ha pagado ni un dólar de los US$260M+.
En 2025, con casi 9 años cumplidos (incluyendo preventiva), el artículo 86 del Código Penal permite una revisión por “buena conducta” vía el Consejo Criminológico. Reportes extraoficiales hablan de un informe favorable en La Esperanza (Mariona), pero la FGR insiste: sin restitución, no hay salida. Procesos de extinción de dominio siguen contra sus bienes (radios, propiedades), y el caso de su esposa pende.
Previsión realista: No saldrá en octubre 2025 sin un milagro judicial. Si el Juzgado de Vigilancia aprueba condicional (audiencia pendiente), podría ser libre con tobillera electrónica hasta 2026, pero pagando cuotas mensuales de la deuda. De lo contrario, cumple íntegro. En un El Salvador donde la “mano dura” contra pandillas contrasta con tibieza anticorrupción, el caso Saca simboliza el péndulo: ¿avance o retroceso? La FGR ha recuperado solo fracciones; el grueso de los US$300M sigue en el limbo.
Mientras las redes arden, una pregunta queda: ¿cuánto más tardará la justicia en cobrar no solo prisiones, sino restituciones? Tony Saca no ha salido aún, pero su sombra —y la de un sistema que lo juzgó tarde— persiste. El pueblo, en X y las calles, exige: que pague todo.
