El Ministerio Público (MP) de Guatemala concluyó el procesamiento de la escena del crimen donde fue asesinado el diputado Julio César Portillo Paz junto a tres agentes de la Policía Nacional Civil. El ataque armado ocurrió en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa. Durante el procedimiento pericial, los fiscales recopilaron decenas de indicios balísticos de diversos calibres para determinar las responsabilidades penales e identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado.
Los reportes forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmaron que el legislador falleció a causa de múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Por su parte, autoridades del Hospital Regional de Zacapa informaron que el deceso del funcionario se produjo a las 9:58 p. m. del viernes 6 de noviembre, tras ingresar en estado crítico al centro asistencial.
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Reacción del Ejecutivo y exigencias del Congreso
La agresión armada contra la comitiva parlamentaria provocó la reacción inmediata de las altas autoridades del Estado guatemalteco. El Presidente de la República ordenó a los organismos de seguridad brindar todo el apoyo técnico y logístico que requiera la fiscalía para acelerar los peritajes e identificar a la estructura responsable.
No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos.
Por su parte, la Junta Directiva y las bancadas del Organismo Legislativo emitieron un pronunciamiento institucional coordinado para condenar el atentado violento y demandar celeridad en las indagaciones. En el documento oficial expedido por el Organismo Legislativo se instó al sistema de justicia a actuar de forma imparcial para evitar la impunidad en el caso.
Exigimos una investigación pronta, transparente e imparcial que permita dar con el paradero de los responsables de este horrendo crimen.
Repercusiones locales y esquema de seguridad
El impacto del ataque armado resonó en el departamento de Zacapa, donde al menos nueve municipalidades —entre ellas Río Hondo, Teculután, Gualán y Huité— publicaron acuerdos de condena y duelo por la muerte del legislador. El Ministerio de Gobernación confirmó que los tres agentes policiales asignados a la escolta parlamentaria fallecieron en el lugar tras repeler la agresión directa dirigida contra el funcionario.
El crimen generó debates entre analistas de seguridad en Guatemala sobre la efectividad de los esquemas de protección para funcionarios de alto riesgo. En el ámbito legislativo, el Tribunal Supremo Electoral y la directiva de la cámara deberán evaluar la acreditación del sustituto conforme a los registros electorales, proceso asignado legalmente a Marvin Esaú Rivas Castañeda según los procedimientos vigentes del Congreso.
