La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 7 de octubre, con 59 votos a favor y uno en contra, declarar estado de emergencia nacional en todo El Salvador por la sequía meteorológica y agrícola asociada a los efectos de Súper El Niño, ante el déficit hídrico, los períodos secos y las altas temperaturas que afectan al país.
La declaratoria tendrá una vigencia de seis meses, contados desde la entrada en vigor del decreto, y podrá ser prorrogada previa solicitud del presidente de la República a la Asamblea Legislativa.
La iniciativa fue presentada por diputados de Nuevas Ideas a petición del presidente Nayib Bukele, con base en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
El decreto establece que las condiciones existentes pueden representar un peligro para las personas, sus bienes, los servicios públicos, los ecosistemas y, particularmente, para los medios de vida vinculados con la producción agropecuaria.
¿Súper El Niño o El Niño muy fuerte?
Aunque la expresión “Súper El Niño” ha ganado uso popular y es empleada también en documentos de Protección Civil, la clasificación técnica utilizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es El Niño muy fuerte.
El Informe ENOS de junio de 2026 del Observatorio de Amenazas señala que existe una probabilidad del 67 % de que El Niño alcance la categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
De confirmarse ese escenario, el MARN advierte que podría ubicarse entre los episodios de El Niño más intensos registrados en las últimas décadas.
Protección Civil, por su parte, utilizó expresamente la denominación “Súper El Niño” cuando declaró el 25 de agosto la alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional.
Esa institución señaló entonces que las perspectivas climáticas apuntaban al fortalecimiento progresivo de El Niño hasta alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte hacia finales de 2026 e inicios de 2027.
¿Qué implica la emergencia nacional?
Entre las medidas inmediatas contempladas en el decreto se encuentran el resguardo de la seguridad alimentaria y nutricional, así como acciones destinadas a reducir impactos sobre la agricultura, agroindustria y ganadería.
También se ordena activar las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y los mecanismos nacionales, departamentales y municipales necesarios para atender las consecuencias de la sequía.
El presidente de la República, como máxima autoridad para la ejecución de los planes de contingencia, coordinará la respuesta junto con Protección Civil.
El director general de Protección Civil deberá informar diariamente sobre las acciones realizadas, los recursos distribuidos y la eventual ayuda procedente de cooperación nacional e internacional.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estará encargado de coordinar las actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y el almacenamiento de alimentos.
La Cancillería, junto con Gobernación, tendrá a su cargo la gestión de cooperación internacional, mientras que el Ministerio de Defensa coordinará la logística relacionada con la asistencia humanitaria.
El decreto también faculta a las instituciones gubernamentales a administrar y realizar traslados de fondos destinados a prevenir y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.
Además, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los cuerpos de socorro deberán prestar apoyo a las acciones relacionadas con la emergencia.
El país ya estaba bajo alerta roja
La emergencia nacional llega después de que Protección Civil declarara, el 25 de agosto de 2026, alerta roja en todo el país por sequía meteorológica y agrícola.
En esa resolución, la institución citó datos del MARN que mostraban déficit e irregularidad de las lluvias, períodos secos y temperaturas superiores a lo habitual.
Entre los antecedentes mencionó un déficit de lluvia de 41 % durante mayo, el inicio anticipado de la canícula y varios episodios de sequía meteorológica.
Protección Civil también reportó 14 récords de temperatura durante agosto, con máximas de hasta 43.9 °C en Santa Rosa de Lima, en La Unión.
La combinación de menor precipitación, temperaturas elevadas y estrés hídrico plantea riesgos para la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria, los medios de vida y la seguridad alimentaria.
Discusión política por el momento de la declaratoria
Durante la discusión legislativa, diputados de oposición cuestionaron que la emergencia se aprobara hasta octubre y señalaron que existían advertencias previas sobre la evolución del fenómeno climático.
El diputado Francisco Lira, de ARENA, recordó que había presentado el 20 de agosto una iniciativa relacionada con medidas frente a la sequía y cuestionó que en aquel momento no fuera respaldada.
Las diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro plantearon además cuestionamientos sobre los mecanismos de uso y fiscalización de fondos durante situaciones de emergencia.
Diputados de Nuevas Ideas defendieron la declaratoria y sostuvieron que permitirá aumentar la capacidad de coordinación y respuesta del Estado.
Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, afirmó durante la plenaria que el decreto no establece una exoneración expresa de la Ley de Compras Públicas y destacó que el artículo 4 señala que la administración y traslado de fondos deberá realizarse conforme a la ley.
Cristian Guevara señaló que el objetivo de la medida es anticiparse a mayores afectaciones sobre la agricultura y la seguridad alimentaria.
El decreto establece que la emergencia entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
Claves de la emergencia
- Causa: sequía meteorológica y agrícola.
- Ámbito: todo el territorio nacional.
- Duración: seis meses.
- Puede prorrogarse: sí, previa solicitud presidencial y aprobación legislativa.
- Sectores prioritarios: seguridad alimentaria, agricultura, agroindustria y ganadería.
- Contexto climático: fortalecimiento de El Niño hacia una categoría muy fuerte.
- Nombre popular: Súper El Niño.
- Entrada en vigencia: con su publicación en el Diario Oficial.
