Un operativo conjunto entre el FBI y la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Boston permitió la detención de Danny Granados-García, un pandillero de la MS-13 buscado en El Salvador por el asesinato de un pastor evangélico. El arresto se llevó a cabo en Waterbury, Connecticut, donde el fugitivo residía tras ingresar a Estados Unidos como “menor no acompañado” por el Valle del Río Grande, Texas. Aunque no tenía antecedentes penales en EE. UU., las autoridades confirmaron su vinculación con la Mara Salvatrucha y su estatus de prófugo en El Salvador.
El caso destaca la colaboración internacional y el uso de bases de datos biométricas para identificar a criminales que intentan ocultar su pasado delictivo. Granados-García, quien logró evadir la justicia en su país, ahora enfrenta un proceso de deportación para ser juzgado en El Salvador por homicidio agravado y asociación ilícita. Su captura subraya los desafíos que enfrentan las autoridades para detectar a delincuentes que aprovechan lagunas legales para ingresar a otros países.
Operativo clave para la justicia en El Salvador
Detalles de la detención en Connecticut
La operación, liderada por ERO Boston y el FBI, logró localizar y detener a Granados-García en Waterbury, tras meses de seguimiento. El sujeto, identificado como miembro activo de la MS-13, estaba bajo una orden de captura internacional por su participación en el crimen de un líder religioso en El Salvador.
Este arresto evidencia las debilidades en los controles migratorios, donde delincuentes pueden ingresar a EE. UU. sin un historial penal local, pero con graves delitos en sus países de origen. Granados-García explotó las políticas de protección a menores migrantes para establecerse en el país, hasta que las investigaciones federales revelaron su verdadero perfil.
Las autoridades de El Salvador y EE. UU. han reforzado su alianza para combatir a la MS-13, destacando que acciones como esta son esenciales para garantizar la seguridad y llevar justicia a las víctimas. La deportación del fugitivo está en proceso, mientras las instituciones trabajan para evitar que casos similares queden impunes.
