El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y otros funcionarios de su gobierno, acusándolos de “crímenes de lesa humanidad” y torturas contra 252 ciudadanos venezolanos presuntamente detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Saab afirmó que Bukele “ordenó todas las torturas y maltratos” sufridos por los repatriados, presentando 123 denuncias y testimonios gráficos recabados por el Ministerio Público venezolano. Entre las graves acusaciones se incluyen golpizas diarias, aislamiento en celdas inhumanas, abusos sexuales y negación de atención médica, describiendo una “realidad cruda y bestial” en el CECOT.
La investigación venezolana apunta directamente al presidente Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Héctor Gustavo Villatoro, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna Mesa. El Fiscal General invocó el principio de jurisdicción universal y convenciones internacionales para justificar estas acciones, haciendo un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que también investiguen a los acusados.
EE.UU.: Bukele, “buen amigo”
Esta ofensiva legal desde Venezuela contrasta fuertemente con la reciente postura de Estados Unidos. Apenas el lunes, Adam Boehler, Enviado Especial de EE.UU. para la Respuesta a Rehenes, había elogiado a Bukele, calificándolo de “buen amigo” y agradeciéndole su “rol clave” en la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Boehler había señalado que esta liberación fue producto de un acuerdo en el que Bukele facilitó el envío de pandilleros recluidos en el CECOT hacia Venezuela.
Sin embargo, Tarek William Saab presentó una narrativa opuesta, sugiriendo que EE.UU. habría incluso “planteado pagar 6 millones de dólares” por el mantenimiento de estos venezolanos “inocentes” en la prisión salvadoreña. El Fiscal venezolano también criticó duramente a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de El Salvador por supuestamente “legitimar” los abusos y desestimó la imagen pública de Bukele.
