En una acción sin precedentes para proteger el bolsillo de los salvadoreños, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha dado una instrucción clara a las familias de Ciudad Marsella 2: no están obligadas a pagar cuotas mensuales a la empresa Salazar Romero si sus viviendas presentan obras inconclusas. Esta decisión surge tras detectar que se ha estado cobrando por inmuebles que no están en condiciones óptimas para ser habitados, lo cual ha sido catalogado oficialmente como una práctica abusiva.
La medida aplica específicamente para los pagos directos a la constructora tras la entrega de llaves, siempre y cuando el clúster o la vivienda no estén terminados con sus respectivas obras urbanas. No obstante, las autoridades aclararon que aquellos ciudadanos que poseen créditos formales con instituciones financieras sí deben mantenerse al día con sus compromisos bancarios.
Actualmente, equipos del Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y Protección Civil supervisan la estabilidad de taludes y la capacidad hidráulica en los sectores de Quartier 11 y 13. Debido a estas irregularidades, el Gobierno ha tomado la determinación de suspender cualquier proyecto nuevo de la constructora hasta nuevo aviso. El mensaje institucional es tajante: la población no debe pagar hasta recibir una vivienda completamente terminada y segura.
El fantasma de la tragedia: el historial de inundaciones
Este endurecimiento de las medidas no es casualidad. El historial de Ciudad Marsella está marcado por la angustia; apenas el pasado sábado 10 de enero de 2026, una lluvia moderada bastó para inundar decenas de viviendas en el Quartier 11, alcanzando el agua hasta un metro de altura dentro de los hogares. Los residentes perdieron electrodomésticos, muebles y vehículos, denunciando que los drenajes estaban obstruidos con restos de materiales de construcción y sedimentos.
Este incidente evocó recuerdos dolorosos para una comunidad que ya ha sufrido negligencias similares en el pasado. Las autoridades han confirmado que las inundaciones son consecuencia directa de un sistema pluvial deficiente y muros mal planificados que bloquean el flujo natural del agua. Con este nuevo apartado en la historia del proyecto, el Estado busca evitar que la falta de responsabilidad técnica de la empresa vuelva a poner en riesgo la vida de los salvadoreños.
